45 días después de los atentados del 11 de Septiembre del 2001 en Nueva York, y como resultado de un estado de emergencia frente a la amenaza real de ataques dentro de su territorio, fue promulgada en Estados Unidos la llamada “Ley Patriota”, que permitiría ampliar la capacidad de control del Estado mejorando los alcances de las agencias de seguridad para coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia en aras de combatir el terrorismo. Esta ley incluía el registro e intervención de llamadas y comunicaciones, rastreo y bloqueo de cuentas bancarias, intervención policíaca y militar en propiedad privada, prisión, “interrogatorios” y hasta ataques directos, dentro o fuera de su territorio por la sospecha de ataque o la “inteligencia” de colaboración o promoción directa o indirecta del terrorismo contra su país. Todo sin el obstáculo o la burocracia de tener que informar a un Juez para autorizar dichas acciones.
Estados Unidos se enfrentó (y enfrenta) duras críticas por lo que parece ser una flagrante violación a los derechos humanos, sin embargo, ellos apelan a su legítimo derecho de defender su país en contra de sus enemigos. En este sentido, seamos honestos, ellos son: “la potencia”, y no le van andar pidiendo permiso a nadie, está claro, y si se trató de una estrategia para aumentar el control sobre su población y fortalecer sus posiciones bélicas internacionalmente, allá ellos, es un juego entre potencias que nosotros como país emergente no estamos invitados a jugar.
El tema es que nuestro vecino del norte tiene una larga historia de intervenciones militares y guerras que le han granjeado muchos enemigos por todo el mundo, lo que hace, por lo menos, que esa ley sea congruente con la necesidad de mantener su estilo de vida y enfrentar a “potenciales enemigos” de esa “libertad” que ellos dicen encabezar. Además, cuentan con instituciones sólidas y respetadas que permiten pensar en un contrapeso que impida el abuso de estas facultades ampliadas y que se fortalece gracias a una libertad de expresión garantizada para los medios de comunicación que están todo el tiempo mirando con lupa todo lo que pasa, por lo menos en su territorio.
En cambio aquí, el día 18 de noviembre del 2020, el Senado de la República mexicana, aprobó (y festejó) por mayoría de legisladores del partido MORENA y sus aliados, la llamada “Ley Nieto”, (por su impulsor Salvador Nieto), la cual permite a la Secretaría de Hacienda, a través de la famosa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloquear y congelar cuentas de personas sospechosas de “terrorismo” o lavado de dinero, sin que se requiera la orden de un juez.
Tanto poder en manos de unos pocos hombres con ambición desmedida suele ser peligroso. Si ya son innecesarios los jueces, los abogados o amparos, ¿quién vigilará que no se violen las libertades y derechos consagrados por la constitución?
Esta Ley se une a la autorizada en marzo del 2018, por la SCJN, que abaló las inspecciones policiacas de personas y vehículos sin mediar orden judicial de acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto como parte de los sesgos del nuevo Sistema Penal Acusatorio que son materia de un artículo completamente diferente, pero que se supone se crearon para facilitar la detención de los individuos en “flagrancia” o cuando exista la sospecha o el señalamiento de que cometió un delito.
Lo que ahora preocupa (y mucho), es que estas legislaciones se suman a la militarización disfrazada de policía a través de la Guardia Nacional (GN), y que en conjunto fueron creadas supuestamente para defender a la población de los malos: narcotraficantes, secuestradores, asesinos y la delincuencia organizada, que ciertamente han mermado al país por décadas. Sin embargo, pueden y son usadas de manera discrecional por el nuevo gobierno, quien se ha otorgado a manos llenas capacidades y herramientas judiciales y policiacas para imponer su ley como no se veía desde la época de Díaz Ordaz y Echeverría. Tanto poder en manos de unos pocos hombres con ambición desmedida suele ser peligroso. Si ya son innecesarios los jueces, los abogados o amparos, ¿quién vigilará que no se violen las libertades y derechos consagrados por la constitución? Esperamos no comenzar a ver detenciones de periodistas, empresarios, adversarios políticos, manifestantes y gente de a pie que simplemente puede ver perdido su patrimonio, su prestigio y hasta su libertad por el simple señalamiento o sospecha de que hace algo ilícito, sin que exista una investigación previa o acusación formal con suficientes pruebas de por medio que justifiquen las razones de su persecución.
La presunción de inocencia está muriendo junto con la confianza en el Gobierno, pero sus seguidores demandan más tiempo y un voto de confianza “ciega” para demostrar que son diferentes a los viles sin escrúpulos que antes nos gobernaban. Se ve difícil, pues habría que rectificar casi todo en estos dos años para logarlo. Y justamente será el tiempo el que dará o no la razón a los que sospechan que detrás de todas estas nuevas leyes y cambios está la mano de un hombre que busca silenciar la crítica y suprimir las voluntades de quien considere adversarios, con el propósito de consolidar un proyecto de nación que cada vez luce más autoritario. El tiempo será también el que coloque en su justo lugar en la historia a todas las personas que han promovido y aprobado este tipo de leyes o que han ejercido presión y amenazas contra la población civil enarbolando la bandera de un cambio que solo se nota en el deterioro institucional, el desastre económico, la corrupción sin medida y un incremento acelerado de la criminalidad y la violencia en el país.
Mientras todo esto pasa, Estados Unidos sigue creciendo en libertad y riqueza, y tendrá un nuevo presidente que no congenia con los ánimos dictatoriales y el menoscabo de los derechos humanos por parte de gobiernos populistas del tercer mundo… Y que, por cierto, aún no ha sido reconocido por nuestro Gobierno.
O. Castro